El aumento del desempleo y la paralización de actividades económicas por la crisis sanitaria empujan a millones de personas a la inseguridad alimentaria.

La confederación Oxfam, que cuenta con ONG afiliadas en 20 países, advierte sobre los impactos sociales y económicos que provocará la pandemia mundial de covid-19, especialmente en las comunidades más pobres.

Estos activistas consideran que, "si no actuamos ya, hasta 12.000 personas al día podrían morir de hambre" antes de que acabe el año, una cifra que sería superior al número de víctimas diarias que provoca esa enfermedad.

"Se estima que, en 2019, había 821 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, de las cuales alrededor de 149 millones sufrían un nivel crítico de hambre o algo peor", recuerda Oxfam.

Al respecto, asegura que "los devastadores niveles de hambre son un síntoma de un sistema alimentario roto" y no solo corresponden a las consecuencias de la crisis sanitaria, sino a los efectos de los conflictos, la desigualdad y el cambio climático.

"Nuevos puntos críticos"

Sin embargo, el aumento del desempleo y la paralización de actividades económicas por la pandemia de covid-19 empujaron a millones de personas a la inseguridad alimentaria sobre todo en 10 países, entre los que se encuentran Yemen, Afganistán, Venezuela, Siria y Haití.

Asimismo, Oxfam alerta sobre el surgimiento de "nuevos puntos críticos de hambruna" en regiones de India, Sudáfrica y Brasil.

En abril, la ONU señaló que el mundo se enfrentaba no solo a "una pandemia mundial de salud, sino también a una catástrofe humanitaria global" que requiere de medidas urgentes para evitarla.

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, David Beasley, vaticinó que si no se actuaba "para asegurar el acceso, evitar déficits de fondos e interrupciones en el comercio", el mundo podría "enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses".

La patética y retrógrada posición de la oposición da pena, tuvieron que desempolvar chicanas de mediados del siglo , erigiendo consignas maccarthistas como “trapo rojo”, comunistas, zurdos, “nos quieren convertir en Venezuela”, exacerbando la teoría del atropello a la “propiedad privada” con la intensión lisa y llana de defender a delincuentes como los dueños y directivos de Vicentin que claramente estafaron al estado argentino de una manera escandalosa, estos estafadores seriales en solo una semana retiraron del Banco de la Nación, para ser más preciso lo hicieron la segunda semana de noviembre, 56,6 millones de dólares, completando la transferencia millonaria a su favor de retiros de 32,9 millones en la semana siguiente, una vergüenza que para justificar este acto delictivo salgan a esgrimir que es una violación a “la propiedad privada”, o sea que están encubriendo a un grupo de personas que conformaron una organización para perjudicar económicamente al estado nacional y al pueblo argentino estafando, evadiendo al fisco y fugando capitales de la manera más guaranga sin importarles las consecuencias que su accionar materialmente penal propició a los sectores más vulnerables del pueblo, más de nueve millones de personas con sus familias incluidas quedaron totalmente fuera del sistema debido a una caterva de chorros que trabajaron para precarizar al estado argentino en todas las áreas posibles.

Horacio Verbitsky:"Estoy muy preocupado, empezó la operación derribo del gobierno"

"Estoy muy preocupado, hay sectores de la oposición muy lanzados a una confrontación a matar o morir con el gobierno de la cual no es posible esperar nada bueno...hace unos meses dije que empezaba la operación derribo del gobierno y lamentablemente no me equivoqué, con el banderazo nacional están invitando a romper la cuarentena, con una serie de consignas insólitas, el tema de la expropiación de Vicentín como consigna movilizadora, la idea de que empienzan con Vicentín y después se van a quedar con tu casa, un nivel mental bajo pero que tiene sintonia con algunos sectores de sociedad", analizó Verbitsky en el "Destape Radio" en dialogó con Ari Lijalad.

"Ví algunas encuestas sobre el tema de la expropiación de Vicentín y las cifras son parecidas a las elecciones del año pasado, un poco peor digamos...el tema Vicentín se explicó muy mal además no se entiende porque el ministro de agricultura no estaba al tanto, se manejaron conceptos que la gente no necesariamente entiende, el tema de soberanía alimentaria".

"Me parece que hay un encono del antiperonismo muy fuerte que busca cualquier motivo para manifestarse, puede ser la cuarentena, Vicentín, la deuda externa y además tiene que ver con que el ex-presidente Macri y su ex-ministra Bullrich están muy comprometidos con las investigaciones que se están haciendo en distintos juzgados y en la comisión bicameral sobre el espionaje político", manifestó el director de "El cohete a la luna".

Los hechos…

El Estado capitalista gestionado por Macri facilitó créditos vía Banco de la Nación Argentina (BNA) por más de 18.000 millones de pesos al grupo Vicentin que, en diciembre 2019 con el cambio de gobierno, denunció “estrés financiero” ante deudas acumuladas en el país y en el exterior por más de 99.000 millones de pesos. Traducido en lenguaje sencillo, dificultades del grupo Vicentin para cancelar sus deudas, con bancos locales y extranjeros; con proveedores diversos, especialmente miles de productores que entregan su materia prima para la industrialización y exportación al Grupo; incluso accionistas y agencias de recaudación del Estado, como Aduana y DGI. La estafa empezaba a hacerse pública.

Lo que ocurrió es una cesación de pagos, que no escandaliza a los “privatistas”, tal y como se preocupan cuando es al revés, caso del Estado sustentando un default de su deuda con privados. La gran preocupación del poder económico es que el país no suspenda los pagos de deuda, mucho menos que se la investigue. Por eso ejerce una fuerte presión para ceder y acordar con los acreedores, otorgarles los “endulzantes” que estos solicitan, aún con un gran costo que va en desmedro de insatisfechas necesidades sociales. Al contrario, si el default es privado, para los defensores del mercado, el Estado no debe inmiscuirse, salvo subsidiando, aun cuando un banco oficial haya sido una pieza imprescindible para garantizar la estafa de imposible cancelación. Es más, seguramente agregaran que, ante las dificultades de la entidad financiera, esta debería privatizarse por ineficiencia.

Más curioso aún resulta, cuando los empresarios explican que el tema que complicó la situación fueron las elecciones primarias que anticiparon un cambio de gobierno en la Argentina. Es insólito, pero eso sostienen, con lo que los responsables serían los votantes, que al no elegir lo que la empresa quería, se les dificultaron los negocios. ¿Acaso, de haber continuado Macri no habría habido problemas económicos en Vicentin? Claro, en el imaginario empresario se incluía la canilla financiera abierta de la banca pública y la fantasía del apoyo internacional, en similar situación que la esperada lluvia de inversiones por el macrismo que nunca llegó. El argumento pone de manifiesto el carácter inescindible entre economía y política que siempre hemos sustentado, que para el caso en cuestión hace evidente el sentido del Estado capitalista al servicio del capital. Un Estado que gestiona créditos del mercado mundial para financiar el capitalismo local, a costa de la sociedad y que ahora negocia para pagar el préstamo del FMI y las inversiones especulativas de los Fondos de Inversión.

Resulta evidente que el default de Vicentin tiene un elevado costo para sus trabajadoras y trabajadores con incertidumbre sobre el presente y futuro cercano, para los pequeños y medianos proveedores de la firma, para la banca pública y las agencias de recaudación, que en la lógica del mercado debían esperar que alguna otra empresa (por las dimensiones de los negocios imaginamos extranjera) la absorba y luego, quizá, restablecer los negocios para atender las obligaciones. Son argumentos dentro de una lógica que imagina al mercado resolviendo todo por sí mismo. Claro que esa lógica de mercado incluyó la previa decisión estatal de prestarle al grupo empresario una gigantesca e impagable cifra que, por ahora, de no mediar intervención pública, tenía destino en la cuenta de pérdidas del BNA. Del mismo modo imaginan cumplir, sin investigar, con una deuda pública sospechada de ilegal, ilegitima y odiosa.

El anuncio oficial de expropiación genera debates sustantivos

A seis meses del estrés aducido por Vicentin y la convocatoria de acreedores, el Presidente de la Argentina anunció la “intervención” de la empresa por parte del poder ejecutivo, la “expropiación” por medio de una ley a discutir en el Congreso Nacional, y un nuevo rumbo en política productiva agraria orientado por la “soberanía alimentaria”. Se habilitó entonces un debate trascendente.

La respuesta del sector privado concentrado en empresas y cámaras empresarias fue inmediata y crítica, de desaprobación, con un rotundo no al “estatismo”, incluso desmereciendo la alusión al rumbo soberano de la producción agraria. Resulta interesante el desinterés del “sector privado” por criticar la estafa del grupo empresario, que incluye la evasión y elusión fiscal, muy bien estudiado por el grupo rosarino MATE , sin ninguna preocupación por la investigación de esas deudas. Queda pendiente aún la calificación del delito incurrido por los responsables de la gestión empresarial ante los entes de recaudación y las autoridades monetarias y del comercio exterior, e incluso de quienes favorecieron desde la banca pública los incobrables préstamos. ¿Quién y porqué se facilitó el endeudamiento desde el BNA y otros bancos oficiales? ¿Qué destino tuvieron los recursos? ¿Se orientaron esos fondos a la actividad específica de la empresa o se destinaron a otros fines? Son interrogantes similares que nos hacemos ante la estafa de la deuda pública y por eso impulsamos la auditoria de la deuda con participación popular, al tiempo que se demanda se suspendan los pagos.

Toda la argumentación del poder económico se concentra críticamente en la intervención estatal, que insistamos, excluye la previa al momento del financiamiento del BNA, el principal banco del sistema financiero local. Es una lógica de poder, sustentada con el aporte de medios de comunicación que actúan en la disputa del consenso social. Puede parecer ilógico que sectores sociales objetivamente perjudicados por el accionar delictivo empresarial actúen en sustento de las posiciones esgrimidas por el poder, sin embargo, es un resultado de la lucha ideológica que afirma un rumbo reaccionario en buena parte de la región y del mundo. No es menor el impacto ideológico de una subjetividad individualista y a contramano de la satisfacción social de necesidades, construida por casi medio siglo. A no sorprenderse por caceroleos a favor de la propiedad privada del núcleo concentrado del poder.

Desde el gobierno se insiste que se trata de “rescatar” la empresa, las fuentes de trabajo directas e indirectas, tanto como asegurar el papel de exportador y receptor de divisas. No queda claro entonces, como sostener el modelo productivo del agro-negocio de exportación al que se asocia la empresa con la propuesta de avanzar en el rumbo de la soberanía alimentaria. Esta última es una categoría sustentada por el movimiento campesino a fines del Siglo XX, en confrontación con el concepto de seguridad alimentaria, que remite a la posibilidad de atender la alimentación de la población sin discutir el modelo productivo. Por el contario, la soberanía alimentaria sustenta un debate relativo a qué producir, cómo producir, distribuir e incluso que tipo de consumo es necesario estimular. Con la seguridad alimentaria no hay problema en un destino mayoritario de exportación de la producción, ni en la subordinación a la lógica de las trasnacionales que definen el paquete tecnológico. Tampoco preocupa el despoblamiento de las zonas rurales o su contaminación vía fumigaciones o difusión de químicos diversos. El privilegio pasa por el rinde y la ganancia, por encima de la salud y el deterioro del suelo, las aguas o el medio ambiente.

Por eso aludimos a la importancia del debate sobre la soberanía alimentaria y el cambio del modelo del agronegocio. No debe extrañar la estafa empresaria en una lógica de mercado con el Estado a su servicio. ¿Es posible cambiar el modelo productivo y el Estado? Desde luego, lo que supone acudir a objetivos de transformación de las formas de organización de la producción y las relaciones socioeconómicas, base de sustentación del objetivo por la soberanía alimentaria. Se sepa o no, la categoría es antagónica con la lógica del orden capitalista, por lo que en sí misma la propuesta solo funcionará si existe la decisión de confrontar con el poder e iniciar un proceso de transición hacia otra lógica de organización social de la economía.

Ese es el debate que se habilitó en estas horas y que anima la discusión por el presente y el futuro. No es solo el tratamiento de qué hacer con la deuda de una empresa, o si se quiere con la deuda pública, sino de identificar qué tipo de Estado y de Sociedad es la que se pretende construir. Esto dijo Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP www.juliogambina.blogspot.com.

Para finalizar es necesario aportar datos sobre el término “Macartismo”

El macartismo​ es un término que se utiliza en referencia a acusaciones de deslealtad, subversión o traición a la patria, sin el debido respeto a un proceso legal justo donde se respeten los derechos del acusado. El término pinta toda una época lamentable con la persecución anticomunista impulsada por el senador Joseph McCarthy (1909-1957) en Estados Unidos de América durante el período de la guerra fría. "Charles Chaplin fue investigado durante el macartismo". Se origina en un episodio de la historia de Estados Unidos que se desarrolló entre 1950 y 1956 durante el cual el senador Joseph McCarthy (1908-1957) desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a los métodos irregulares e indiscriminados de McCarthy denunciaron el proceso como una «caza de brujas» y llevó al destacado dramaturgo Arthur Miller a escribir su famosa obra Las brujas de Salem (1953).

Por extensión, el término se aplica a veces de forma genérica para aquellas situaciones donde se acusa a un gobierno de perseguir a los oponentes políticos o no respetar los derechos civiles en nombre de la seguridad nacional.

En la Argentina este tipo de calificativos acusatorios lanzados maliciosamente terminó con el encarcelamiento de miles de personas y la desaparición de más de 30 mil argentinos propiciada por civiles y ejecutas por la sangrienta dictadura militar.

¿Si esta legisladora provincial realiza la certificación de servicios al pistolero que disparó proyectiles de verdad sobre una manifestación a menos de 25 metros de la oficina de la presidencia del poder legislativo donde hubo varios heridos es que tenemos una diputada que habría instigado una balacera? ¿Él o los pistoleros continúan trabajando en la legislatura chaqueña? VER VIDEO DE LA BALACERA

0 ELYDA CUESTA 0

El 20 de abril de 2016 hubo una manifestación a 25 metros de la oficina de la diputada Elyda Cuesta, ex presidente de la legislatura chaqueña, el dirigente del gremio municipal Jacinto Sampayo junto a otras organizaciones se movilizaron por la designación del Defensor del Pueblo del Chaco, dispusieron un fuerte operativo de seguridad con más de cien policías apostados detrás de un vallado de hierro que dividía la protesta del ingreso a la puerta principal de la Cámara de Diputados, el vallado fue enclavado a unos metros de la esquina de Brown y Avenida Italia, los municipales no tenían ninguna posibilidad de ingresar donde se encontraban los efectivos policiales mucho menos al recinto de sesiones, bien separado, durante la jornada se produjeron algunos incidentes de poca monta previos a lo que luego de varias horas estallaría en un tiroteo con proyectiles de plomo que dejó varios heridos transformando el lugar en un hecho de sangre que será recordado como el acto mafioso que hasta el día de hoy no tiene detenidos, según la descripción que realiza el Comisario General Ariel Acuña a un noticiero local, entrevista que publicamos al pié de la nota para que pueda apreciar la fuente y la información.

El pistolero, que según el jefe policial, habría salido del interior de la legislatura y que podría tratarse de un personal de seguridad del parlamento, portaba un arma de fuego que fue utilizada por el individuo para disparar proyectiles de plomo contras la manifestación que estaba detrás del vallado de hierro produciendo varios heridos, las salpicaduras de sangre quedaron en el lugar manchando la vereda y parte del asfalto de la calle, todo se puede apreciar en múltiples videos que se encuentran publicados en internet. Que yo recuerde nunca había sucedido un hecho de esta magnitud de violencia en el Chaco, menos en la legislatura donde se presume se encuentra la casa de la democracia, los representantes del Pueblo.

Hasta acá el hecho, pero del suceso quedan muchas dudas y sospechas que estimo deben ser develadas fehacientemente, sin las dilaciones a la que nos tiene acostumbrados la justicia del Chaco, lleva unos años sin ninguna novedad que sirva para esclarecer semejante barbaridad y para ponerle la frutilla al postre el pistolero continúa trabajando en la estructura legislativa como si no hubiera pasado absolutamente nada y ahí me surgen diferentes interrogantes ¿el pistolero nunca respondió por ser protagonista del hecho de sangre… fue parte de algún arreglo para evitar el encarcelamiento de los violentos? Pero además ¿luego de disparar con un arma de fuego continúa trabajando dentro del Poder Legislativo? Si esto fuera así ¿Qué legislador realiza la certificación de servicios para que cobre el sueldo?

Según los trascendidos el individuo estaría bajo el servicio de la presidencia de la legislatura pero no puedo asegurar y es la razón por la que vengo preguntando porque me parece que no se puede naturalizar semejante hecho mafioso en plena democracia y en la legislatura, si esto fuera cierto deberemos indagar sobre las responsabilidades penales, administrativas y políticas que permiten estas barbaridades que fueran cometidas con una impunidad que da escalofríos. Creo que todo el arco político y la comunidad debería estar indagando y debatiendo sobre el sangriento episodio que de ninguna manera debería pasar desapercibido, de lo contrario, con nuestro silencio estaríamos propiciando un estado donde los actos mafiosos reemplazaran al debate, a la libertad de prensa y de expresión…¿quién se va a animar a cuestionar el manejo de los funcionarios públicos si puede ser víctima de un balazo…? Pregunto…

La “Secretaria General” de AGUEL, surgida de elecciones truchas cuestionada por los afiliados y la justicia, fue denunciada que junto a su marido, Diego López, habrían ingresado en la sede de la mutual del gremio llevándose cosas de propiedad de los afiliados, una computadora y elementos según consta en la denuncia que realizó Víctor Eduardo José Dellamea en fecha 16/04/2020 a la hora 18:35. Datos que constan en la actuación policial que publicamos en este artículo y que ustedes podrán observar. Dellamea hace constar que no solo llevaron elementos de propiedad de todos los afiliados sino que cambiaron la cerradura y nadie puede ingresar al lugar, sindica a Diego López, esposo de Maura Liliana Quiróz como el autor del cambio de cerradura.

0 LILIANA QUIROZ

Maura Liliana Quiróz, esposa de López, (Maura López) resultó elegida Secretaria General de AGUEL(Gremio de los trabajadores legislativos del Chaco) en un proceso que fue declarado nulo por la justicia pero que haciendo caso omiso asumieron igual. Esta mujer tiene a toda su familia CONCHABADA EN EL Poder Legislativo gracias a su relación política con Lidia Elida Cuesta que antes de entregar el cargo de presidente de la legislatura provincial la nombró Directora de Comisiones desplazando al personal de carrera que desempeñaba el cargo desde hacía más de una década y violando la carrera administrativa que debería proteger las promociones del personal de planta permanente que trabaja y puede certificar su tarea diariamente. Todo esto representó las dos gestiones de Lidia Elida Cuesta al frente de la presidencia del Poder Legislativo de la provincia del Chaco, que hoy continúan cometiendo tropelías que son denunciadas penalmente, como en este caso en particular.

El denunciante, Víctor Eduardo José Dellamea, fue Secretario Adjunto de la Asociación Gremial Unión de Empleados Legislativos (AGUEL) con mandato finalizado el día 13 de Marzo del 2020, hace constar que se llevaron a cabo elecciones que fueron declaradas nulas por la justicia , que además ordenó que se vuelva a convocar a elecciones por las gravísimas irregularidades que se cometieron en los comicios llevados adelante el día 04/10/2019y que Maura Liliana Quiróz hizo caso omiso incurriendo en desobediencia judicial, una cantidad de vicios que solo la impunidad pueden estar respaldando, y continúan cometiendo irregularidades de manera constante y permanente acumulando causas que en algún momento tendrán su correlato como consecuencia de la soberbia politiquera con que se manejan.

La diputada Lidia Elida Cuesta inició un festival de pases a planta de los punteros del espacio político que conduce con su pareja Gustavo Martínez ( promociones y pases a planta), lo realizó como último acto administrativo luego de perder la presidencia de la legislatura por una abrumadora mayoría que le dio la espalda en su arremetida reeleccionista en el recinto, recordemos que solo sacó cuatro votos, incluyendo el suyo, sobre la totalidad de legisladores, una derrota contundente que dejó sentado el grado de repulsa que produjo su gestión plagada de cuestionamiento sobre los manejos de los más de 750 millones del presupuesto del poder, gastados en eventos, sonido, combustibles y compras de vehículos de alta gama, entre otras beldades cometidas en su gestión como por ejemplo el millonario gasto en combustible, elecciones inconstitucionales con costos sumamente onerosos que nunca pudo justificar, todo esto montado sobre una feroz persecución a todo aquel que preguntara sobre los tremendos gastos, protegida mediantes resoluciones secretas a espalda de los trabajadores del poder legislativo que sufrió el congelamiento de sus salarios, en algunos caso por debajo de la línea de pobreza, y las persecuciones y sumarios administrativos para silenciarlos y del Pueblo chaqueño que contempló cómo se dilapidaban los recursos públicos ante el silencio de los legisladores de todos lso partidos políticos con representación parlamentaria, el arco político y los actores sociales que muchas veces nos condenan a cortes de calles en reclamo de mercaderías y en este caso no dijeron una sola palabra para que la justicia tome cartas en el asunto. ¿Está todo arreglado…?