Polémica por las nuevas prestaciones que deberán cubrir obras sociales y prepagas

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Además de la actualización del protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) –que el Ejecutivo derogó el viernes–, la Secretaría de Gobierno de Salud publicó en estos últimos 15 días en el Boletín Oficial otras resoluciones que están causando polémica. Se trata de la inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO) de varias prestaciones médicas a tan solo días de dejar el Gobierno.

Entre ellas: la cobertura al 100% de los tratamientos hormonales para quienes necesiten “adecuar la imagen al género autopercibido”, de métodos anticonceptivos de larga duración (como el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel y el implante subdérmico) y medicamentos relacionados con el tratamiento de la fibrosis quística, entre otros. La medida causó críticas tanto desde la oposición como por parte de las obras sociales y las entidades de medicina privada. “Es muy loable, pero no hay cómo pagar. El sistema de salud está al borde de un colapso”, dicen los protagonistas del sector.

“Nadie puede estar en desacuerdo con la incorporación de nuevas prestaciones. El problema de este gobierno es que hizo un desastre de la economía argentina, por lo cual el sistema de obras sociales y el PAMI están desfinanciados. No pueden pagar hoy lo que deben pagar y están acumulando deudas graves. Después de no haber hecho nada y no haber cumplido con cosas tan esenciales como las vacunas, se les ocurre dinamitar el PMO agregando en los últimos 15 días una cantidad de prestaciones que no tienen asegurado el financiamiento. Porque ya lo que tiene que dar el sistema no tiene cómo pagarlo. Con lo cual, si no es mala intención o no es entorpecer el futuro, es irresponsabilidad absoluta de los gobernantes”, dijo a PERFIL Ginés González García, referente de los equipos técnicos de salud del Frente de Todos y uno de los candidatos a ocupar el Ministerio de Salud.

Por su parte, Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), consideró que, independientemente de qué tratamiento se incorpore y sus beneficios, se siguen sumando nuevas prestaciones a la cobertura que no tienen una correlación con la financiación.

“Nosotros, tomando el año 2012 –que es el primero con regulación de precios en la medicina privada–, hasta ahora (2019), hemos tenido un crecimiento del costo de salud del 1.350%. Y la cuota subió un 950% en ese mismo período. Aparte de otras situaciones que hacen crecer los costos, como el envejecimiento poblacional y pacientes con tratamientos mejores pero que son más largos, también se han ido sumando nuevos tratamientos a las coberturas reguladas que no estaban en el momento en que empezó el control de precios en el sector. Y estos no tienen un financiamiento genuino”.

“Yo no discuto la calidad de la decisión de las autoridades de salud, pero desde el año 2012 hasta ahora hubo treinta leyes nuevas que sumaron prestaciones a la cobertura médica, por enfermedad, patología o tratamiento, como la cirugía bariátrica. Pero nunca se habló de cómo financiar esas nuevas prestaciones. Todo lo que está pasando lamentablemente está llevando al sector a un desfinanciamiento severo, como nunca se vio”, sostuvo.

Para Magonza, la solución pasa por generar una prestación básica universal taxativa, que aclare qué se debe cubrir para toda la población. Y lo que no está, debe ser evaluado por una agencia especializada: “No se puede seguir con un PMO sin límites de ‘techo’”.